| 3. Las demandas educativas populares en los noventa. | |
| Durante los
años más recientes, la relación entre los movimientos
sociales y la educación tiene lugar sobre bases socioeconómicas,
culturales y políticas muy distintas a las del cuadro histórico
existente en el transcurso de las décadas del sesenta y setenta.
En la actualidad, la función de la denominada “economía de
la triangulación”, que opera a través de las ciudades fronterizas,
se ve muy debilitada por las fuertes medidas restrictivas impuestas por
los países vecinos, especialmente el Brasil. Esta retracción
afecta no sólo a las recaudaciones fiscales, sino también
al empleo urbano, al reducir los ingresos del sector informal y obligar
a la mayor precarización de las ocupaciones.
La crisis agraria Pero el problema socio-económico más grave es el generado por la crisis agraria. El profundo y generalizado deterioro del tradicional modelo productivo campesino está provocando el desarraigo de un contingente cada vez más numeroso de la población rural y una masiva migración del campo a la ciudad. Debido a la histórica debilidad de la industria, estos procesos hacen que el Paraguay esté pasando de una economía agraria tradicional a otra basada, predominantemente, en el sector informal urbano. Este, ante la presión migratoria mencionada y la retracción generalizada de la demanda de la fuerza de trabajo, comienza a mostrar signos preocupantes de incremento de la desocupación y de las distintas modalidades de la subocupación. En el plano cultural y simbólico también soplan fuertes vientos de cambio. Sin desaparecer del imaginario colectivo los valores y las pautas más propios de una cultura de corte rural o aldeano, la penetración de una constelación cultural de creciente heterogeneidad, en la que la predominan las claves alienantes de la cultura del consumo, provoca un notorio debilitamiento de las bases más estables de las identidades individuales y colectivas. Es un clima social en el que peligrosamente gana terreno la lógica de una sociedad dislocada. Ésta alimenta el divorcio entre el discurso y la práctica social y política. El escenario del presente se complica aún más al agregársele los efectos de la crítica coyuntura política que experimenta el país. En gran medida, la transición democrática está atrapada por el “electoralismo”. Este proceso tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, mediante él el viejo clientelismo político, antes que ser superado, consigue “rejuvenecerse”. En esta circunstancia, por otro lado, resulta difícil que la ciudadanía se afiance, como fuente democrática de poder y decisión; es decir, que se constituya en una ciudadanía madura. Además, la crisis política se agrava ante la posibilidad de la regresión autoritaria, impulsada por la corriente colorada liderada por Lino Oviedo. ¿Cómo impacta este escenario social y político sobre las propuestas educativas de los actuales movimientos sociales? En los últimos años, se amplió la cobertura de las organizaciones gremiales o sindicales de las capas populares y trabajadoras, a impulso de la vigencia de los derechos ciudadanos en la presente etapa de transición democrática. Los sindicatos obreros incrementan notoriamente sus membresías y la sindicalización llega a expandirse en sectores laborales anteriormente no incorporados al gremialismo, siendo, en este último sentido, el fenómeno más llamativo el del magisterio público. También las organizaciones campesinas ensanchan sus bases. Aunque predominan las de índole reivindicativa, surgidas de la lucha por la tierra, también emergen asociaciones campesinas cimentadas en estrategias productivas colectivas. El perfil del conjunto de las organizaciones campesinas se diversifica. Esta diversidad intenta ser contrarrestada con la formación de instancias de coordinación nacional, siendo la máxima expresión de este tipo de esfuerzo la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que viene impulsando las marchas nacionales de protesta del sector anualmente. Sin embargo, la heterogeneidad organizativa impide mantener los consensos campesinos en torno a las demandas prioritarias de forma permanente y coherente. En el mundo estudiantil se vive un panorama desolador. Salvo esporádicos y muy espontáneos gestos de pequeños grupos (como aquellos que frente al Palacio de Gobierno hicieron con su protesta que Oviedo —después de intentar dar el golpe de estado en el 96— no fuera nombrado como Ministro del Poder Ejecutivo), no existe un movimiento social universitario. En ámbito marginal urbano tampoco se observan procesos resaltantes. Los sin techo, que tuvieron alguna visibilidad hacia fines de la década pasada y principios de la actual, también han desaparecido de la escena socio-política. De hecho, son los sindicatos de obreros y trabajadores urbanos y las organizaciones campesinas mencionados los actores populares más visibles. Han ganado espacio en el ámbito de la opinión. En el escenario ciudadano, en la actualidad, son interlocutores legítimos. Pero dicho escenario aún no ha traspasado el plano de la ciudadanía retórica, para convertirse en una ciudadanía substantiva. Educación como demanda social Dados estos condicionamientos, no resulta casual que, hoy día, la educación no sea concebida como un campo de lucha, como un escenario en el que, los movimientos sociales, tendrían que promover la puesta en vigencia de un modelo innovativo y participativo de educación, a semejanza de la experiencia en la que se embarcaron las Ligas Agrarias Cristianas. Ahora, la educación es definida por los movimientos populares como una demanda social, al igual que otras demandas sectoriales o básicas. Dicha demanda se expresa en solicitudes puntuales (construcción o mejoramiento de locales escolares, concesión de rubros del presupuesto público para pagar a los docentes ...), o a veces sobre contenidos educativos, prácticas pedagógicas o gestión escolar, pero sin llegar a la formulación de un nuevo modelo educativo. La aguda crisis socioeconómica y la crisis cultural se manifiestan tanto en una mayor heterogeneidad interna de los actores sociales, como en el debilitamiento de sus identidades más estables y de sus proyectos históricos. De ahí que sea comprensible el hecho de que tiendan a privilegiar las demandas de corto plazo o las basadas en los intereses más estrictamente corporativos (como acontece con el gremio de los docentes —sumamente activo en la convocatoria de huelgas en los últimos años—), mientras que las demandas o los proyectos de mediano o largo plazos, portadores de nuevos modelos educativos, no son privilegiados. Bajo el signo de la Reforma Educativa La puesta en ejecución de la actual reforma educativa, por cierto, agrega una dimensión que no existía en épocas precedentes. El escenario de dicho proceso, en principio, ofrecería la posibilidad de introducir proyectos educativos innovativos, toda vez que la restauración autoritaria no trunque la incipiente democracia paraguaya. Experiencias como la de las escuelas del Programa Fe y Alegría o la de las Escuelas Activas en desarrollo actualmente, indican que dicha posibilidad es efectiva. Sin embargo, en estos casos las proyectos iniciales han sido propuestos por agentes externos a los actores o movimientos sociales. En sí, tal fenómeno no elimina la condición innovadora de estos proyectos educativos, pero conlleva el desafío de su apropiación o apoderamiento por parte de los actores sociales, por un lado, y no deja de dificultar la percepción de la educación como un campo social y político de conquista o de lucha. Es cierto que esta lucha debería ser encarada en el marco de la democracia y, por lo tanto, escapando de los dogmatismos ideológicos de antaño. No obstante, el objetivo tendría que ser el mismo, el de antes y del ahora: hacer que la educación no sirva exclusivamente a los intereses y valores excluyentes. A la dictadura de Stroessner, como a todas las dictaduras, el mayor peligro era armar al pueblo, a la ciudadanía, no con el fusil sino con ideas propias. Al igual que las Ligas, el Movimiento Independiente Universitario también fue perseguido y reprimido brutalmente por la dictadura, hacia mediados de la década del setenta. De ese movimiento estudiantil, en medida significativa, se nutrió parte del liderazgo de las organizaciones políticas socialdemócratas y de izquierdas más recientes. El magisterio público fue alineado a favor del sector del partido gobernante que propugnaba el continuismo del modelo autoritario, y en todo el sistema educativo no quedaron resquicios para la promoción de proyectos alternativos. El viejo clientelismo político, antes que ser superado, consigue “rejuvenecerse”. En esta circunstancia, por otro lado, resulta difícil que la ciudadanía se afiance, como fuente democrática de poder y decisión; es decir, que se constituya en una ciudadanía madura. Ahora, la educación es definida por los movimientos populares como una demanda social, al igual que otras demandas sectoriales o básicas. Dicha demanda se expresa en solicitudes puntuales, pero sin llegar a la formulación de un nuevo modelo educativo. La aguda crisis socioeconómica y la crisis cultural se manifiestan tanto en una mayor heterogeneidad interna de los actores sociales, como en el debilitamiento de sus identidades más estables y de sus proyectos históricos. El objetivo tendría que ser el mismo, el de antes y del ahora: hacer que la educación no sirva exclusivamente a los intereses y valores excluyentes. |
