El Caso del Contralor

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.El CASO DEL CONTRALOR
¿Corrupción en las alturas o venganza politica?

El panorama de la corrupción-impunidad en el Paraguay es desolador. No son pocos los altos burócratas y grupos económicos poderosos que fueron investigados y denunciados por escandalosos fraudes y por delitos económicos que siguen en la impunidad absoluta. Pero la gravedad de este círculo vicioso, corrupción-impunidad, es más notoria cuando involucra a personas que ejercen elevadas funciones en la administración del Estado.

Myriam Yore

    Cuando la corrupción está muy extendida en todas las esferas del Estado, cuando su cuadro administrativo en general ha perdido la noción de la ética en el ejercicio de la función pública, porque el interés privado de los funcionarios se sobrepone al interés colectivo de los ciudadanos, es común el florecimiento de conductas delictivas y hechos de corrupción que se producen por el abuso del poder y el manejo arbitrario y discrecional de los recursos y bienes públicos.
    Por otro lado, cuando la impunidad se ha instalado en una sociedad, es porque ella carece de una cultura general de respeto a las normas y en ese medio no existen casi expectativas de sanción para quienes delinquen o cometen actos de corrupción en la función pública o en cualquier ámbito. La corrupción pública está amparada. Protegida por una justicia incapaz de investigar y castigar ejemplarmente al corrupto y al corruptor y por una sociedad que exhibe una actitud pasiva, complaciente o connivente con la corrupción. El funcionario desleal, deshonesto, incompetente e ineficiente, tiene la cuasi certeza de que ni el sistema judicial ni el sistema social están en condiciones de sancionarlo, porque tiene el amparo del poder político.
    La gravedad de este círculo vicioso, corrupción-impunidad, es más notoria cuando involucra a personas que ejercen elevadas funciones en la administración del Estado y que tienen poder de decisión en sus respectivos ámbitos de acción. Más aun, cuando se trata de funcionarios que están nada menos que en los cargos de control, fiscalización y defensa del patrimonio público y social, como son el Contralor General de la República, el Fiscal General del Estado, el Procurador General o los miembros del Tribunal de Cuentas. Entonces surge la pregunta inevitable: Si los contralores de la gestión estatal abusan de sus cargos y se corrompen, ¿con qué autoridad moral pueden controlar y/o denunciar la corrupción de los demás órganos del Estado y de los particulares? ¿Quién controla su gestión y los sanciona cuando se apartan de la ética pública y transgreden sus responsabilidades constitucionales y legales? A esta situación se refería Grondona hace unos años cuando se interrogaba: "¿quién custodia a los custodios?".

Si los contralores de la gestión estatal abusan de sus cargos y se corrompen ¿con qué autoridad moral pueden controlar y/o denunciar la corrupción de los demás órganos del Estado y de los particulares? ¿Quién controla su gestión y los sanciona cuando se apartan de la ética pública y transgreden sus responsabilidades constitucionales y legales? "¿quién custodia a los custodios?".

Este es el panorama de la corrupción en el Paraguay. Aquí las conductas de funcionarios de todos los niveles y autoridades de gobierno y de Estado son puestas en tela de juicio, sus gestiones están sospechadas o denunciadas por hechos de corrupción y, sin embargo, siguen en sus cargos. No renuncian ni son removidos.
En este escenario, desde hace cuatro meses, el contralor general Daniel Fretes Ventre está en el ojo de la tormenta, no por sus denuncias contra los corruptos sino por las gravísimas acusaciones e indicios de corrupción en el desempeño del cargo que le afectan a él mismo y por los que, finalmente, ha sido incluido, junto con algunos familiares más cercanos, en un proceso por delitos de coacción, extorsión, lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal, entre otros hechos punibles.

Expectativa defraudada

    La Contraloría heredada del stronismo, que sobrevivió hasta la reforma constitucional de 1992 como parte de la institucionalidad autoritaria, fue una simple dependencia del Ministerio de Hacienda, sin autonomía ninguna. Encajaba perfectamente en el anterior esquema de dominación autocrática, con nulo control de la gestión estatal.
    El nuevo órgano contralor de la República, instituido con rango constitucional por los constituyentes, fue dotado de autonomía funcional y administrativa y amplias facultades de control y fiscalización de las actividades económicas y financieras del Estado. En agosto de 1995, el nombramiento por el Congreso Nacional de las nuevas autoridades de la renovada Contraloría General, entre reconocidos profesionales de la oposición, fue percibido como un significativo avance de la transición democrática en la búsqueda del control real de los poderes del Estado y de la transparencia en el gobierno.
    Desde su primer año de gestión, 1996, la Contraloría se destacó por hacer pública su evaluación de la magnitud económica de la corrupción estatal investigada por el organismo. Año tras año fue un formidable instrumento de denuncia y de concientización ciudadana acerca del impacto negativo del flagelo en la sociedad.

   El que la justicia no castigue a los grandes corruptos del ámbito privado, no disminuye la gravedad de la corrupción pública ni la necesidad de que se denuncie y combata a los funcionarios y políticos deshonestos y venales, y cuanto más encumbrados con mayor razón.

   Todo este impulso y esfuerzo de los primeros tiempos para proyectar una institución seria, honesta, eficiente, rigurosa e implacable con los corruptos, se empezó a desmoronar, cuando hace algunos meses saltaron a la luz pública las primeras graves acusaciones contra la conducta de su máxima autoridad (mucho antes habían circulado versiones respecto a los manejos internos del contralor, pero nunca se habían hecho públicas).
    Desde entonces, la imagen de la Contraloría empezó a ser severamente afectada por el silencio del señor Daniel Fretes Ventre ante las denuncias sistemáticas aparecidas en la prensa y su negativa a comparecer ante comisiones parlamentarias que lo citaron para que hiciera su descargo. Aun a costa de dañar gravemente el prestigio y la credibilidad de la institución, no solo se mantuvo en silencio sino que permaneció aferrado al cargo, argumentando inmunidad constitucional para evitar ponerse a disposición de la justicia.
    En este contexto, las resoluciones adoptadas por el contralor en los últimos meses, en el sentido de auditar la gestión administrativa de varios años de la Fiscalía General del Estado (órgano que pidió su procesamiento) y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre otros, no pudieron ser percibidas sino como acciones de venganza y no de control por parte del funcionario contra quienes considera sus "enemigos". Al punto que la Justicia Electoral ha objetado e impugnado su resolución, restándole idoneidad moral y legal, en tanto él mismo está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

Intereses creados

    Cualquiera sea la perspectiva que se adopte para analizar la situación que involucra al funcionario; cualquiera sea el resultado que tenga la investigación judicial en la que hoy se encuentra como procesado por resolución del Tribunal de Apelación del Crimen; existan o no los votos necesarios en la Cámara Baja para iniciarle un juicio político que juzgue su desempeño en el cargo, dos conclusiones se imponen:
a. El caso es emblemático del estado de corrupción que vive el país, porque afecta al titular del principal órgano de control del Estado y por el cúmulo y la gravedad de los cargos en su contra. Junto con otros casos, como el del ex presidente del IPS, Darío Filártiga, también bajo proceso, y el del intendente de Asunción, Martín Burt, con pedido de intervención de su administración, reflejan el perfil de un Estado debilitado por la corrupción, cuya característica central es la falta de idoneidad y de moralidad de sus políticos y funcionarios.   Un Estado sin capacidad de autocontrol y sin control social.
b. Las denuncias contra Fretes Ventre no serían menos graves si se fundaran en una venganza política, como señalan sus defensores. Es más, es altamente probable que detrás de las acusaciones públicas muy bien documentadas contra el mismo, exista una tupida red de intereses creados afectados por sus actuaciones al frente de la Contraloría. De hecho, no fueron pocos los altos burócratas de todos los gobiernos de la transición y grupos económicos poderosos amparados por el poder de turno, que fueron investigados por el organismo y denunciados por escandalosos fraudes contra el patrimonio público y por delitos económicos que afectaron a particulares, que siguen en la impunidad absoluta. Por ejemplo, no existe una sola sentencia judicial en los grandes casos de corrupción financiera denunciados por la Contraloría y, sin embargo, ya existen absoluciones.
    No obstante la paradoja de que no esté preso un solo "pez gordo" del sector privado y que las denuncias contra el contralor se usen presuntamente como instrumento de venganza por su gestión, no se puede simplemente desconocer. Se producen en un escenario donde se conjugan bajos niveles de credibilidad y confianza en las instituciones y en la integridad de las autoridades en general; precisamente y como derivación de este caso, un legislador ha denunciado la reaparición del soborno en la Cámara de Diputados, para la compra-venta de votos de legisladores, en contra (o por la abstención) del juicio político al contralor. Pero por sobre todo, el que la justicia no castigue a los grandes corruptos del ámbito privado, no disminuye la gravedad de la corrupción pública ni la necesidad de que se denuncie y combata a los funcionarios y políticos deshonestos y venales, y cuanto más encumbrados con mayor razón. Porque como decía Mariano Grondona: "Mientras los actos de corrupción que ocurren en el sector privado pueden ser controlados o castigados por el Estado, ¿quien podría controlar o castigar al Estado? Si los mecanismos del Estado están infiltrados por la corrupción, el sistema queda sin apelaciones...." /1.

1. Grondona, Mariano. La corrupción. Buenos Aires. Planeta. 1993 (tercera edición). p.20

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