...El impacto de las privatizaciones sobre la situación política, sobre la economía y sus derivaciones sociales.

Tomás Palau Viladesau
 

    Hacia fines de febrero dicha Secretaría anuncia que tiene listas 17 leyes, la mayoría de las cuales serán remitidas por el Ejecutivo al Parlamento con carácter de urgentes . Esta decisión es parte de una estrategia de profundización de las reformas neolibrales y conservadoras en la economía del país. Sus exponentes más conspicuos, además del ya mencionado Secretario, incluyen a los parlamentarios Gonzalo Quintana y Armando Espínola (ambos del PLRA).

Los argumentos en pro

    Los principales argumentos esgrimidos por los privatistas se resumen básicamente en los siguientes:
a. Con las privatizaciones se dará una mayor participación al sector privado en la economía.
b. Con las privatizaciones el Estado invertirá más en educación y salud.
c. Con las leyes marcos (que crean algunos entes reguladores), el Estado ejercerá su rol de contralor del sector privado, dejando de ser ejecutor.
d. Con las privatizaciones el fisco aumentará sus ingresos.
e. Con la reforma fiscal, el sistema impositivo nacional se adecuará, en el marco del Mercosur, al conjunto de la región.
f. La ley de medianas, pequeñas y micro empresas dará mayor participación al sector y ampliará los puestos de trabajo en el país.
g. El agua potable y los servicios de saneamiento llegarán a la mayor parte de la población.
h. El sector postal potenciará el rol de servicio universal del correo a cargo del Estado.

    Además de estos beneficios de carácter puntual, los privatistas suelen argumentar como beneficio, el mayor interés de los inversionistas extranjeros y el saneamiento de la balanza de pagos como resultado de esas inversiones privadas directas extranjeras.

Los argumentos de la evidencia

1. El Paraguay es un país gobernado por una elite política y económica eminentemente corrupta. Por esta razón, los Entes que surjan como resultado de las leyes marco para controlar el funcionamiento de las empresas privatizadas, no cumplirán con su objetivo.

    En efecto, la experiencia en materia de privatizaciones en América Latina ha demostrado que un punto crítico de un sistema regulador de empresas privatizadas es la naturaleza de la relación entre los agentes reguladores y las empresas. Es frecuente que de tanto relacionarse entre sí el ente regulador se vuelve "mas permeable" a los intereses de la firma. La duración del funcionario en el cargo, el nivel de remuneración, las perspectivas de obtener cargos importantes dentro del sector controlado, entre otros aspectos, influyen decisivamente en el grado de independencia de criterio del regulador y, en consecuencia, en la eficacia del sistema regulatorio. Hay una cooptación del agente regulador.

    Por otro lado, es lo más posible que los funcionarios de los entes reguladores sean sensibles a las presiones de los niveles jerárquicos políticos del gobierno que los designa. En este sentido, y dadas la celeridad e improvisación de algunas de las privatizaciones, la autoridad de los reguladores se ve debilitada por decisiones previas orientadas a satisfacer los objetivos políticos del gobierno.

    Otro problema que surge es la falta de idoneidad profesional de la nueva tecnoestructura. Las nominaciones y el proceso de selección para llenar los cargos directivos de los entes no surgen habitualmente de concursos transparentes. Muchas veces los responsables no son idóneos, sino más bien personas que responden políticamente a diversos grupos de poder.

    Hasta ahora ha habido muy poca evidencia de que se defiendan los derechos del usuario. La sobrefacturación de tarifas es algo común en todos aquellos entes privatizados.

    En resumen, la racionalidad de los programas de privatización se ve frecuentemente reducida porque, por un lado, no se cumplen supuestos respecto del comportamiento microeconómico (que las empresas privatizadas inviertan más), y por otro, porque normalmente no funcionan los mecanismos extramercado requeridos para aproximarse a soluciones óptimas bajo condiciones de prestación monopólica.

2. No es cierto que las privatizaciones mejoren la situación fiscal del país. En efecto, agotado el primer impacto positivo sobre las cuentas fiscales (derivado principalmente de los ingresos en efectivo y de la supresión de los servicios de las deudas capitalizadas) las cuentas públicas se ven erosionadas por la incidencia de ciertos rubros –como los servicios de deudas absorbidas por el Estado- que tienden a compensar en el mediano y largo plazo ese primer impacto positivo. Además, el Estado deja de percibir diversos impuestos internos de asignación específica que gravaban los precios de determinados servicios públicos. Los “sobreprecios” producidos por aquellos impuestos son absorbidos por el ajuste tarifario que acompaña a las privatizaciones y, en consecuencia, se transfieren a los adjudicatarios como parte de las tarifas.

    Por lo demás, en la mayoría de los casos el Estado se hace cargo del endeudamiento de las empresas privatizadas, lo cual supone posteriores egresos fiscales por concepto de amortizaciones y servicios.

    El fisco tampoco se beneficia mucho ya que hay una fuerte subvaluación de los activos públicos privatizados lo cual suele estar asociado a la celeridad de los procesos y a la despreocupación oficial por la reestructuración y por el previo saneamiento tecnopruductivo, económico y financiero de las empresas que se privatizan.
 
    En resumen, el aporte relativo de las privatizaciones al equilibrio fiscal no indica un saneamiento estructural que lo haga menos dependiente de los ingresos extraordinarios. Al contrario, se presentan desequilibrios que plantean serios interrogantes para cuando termina el programa de privatizaciones. Si los ingresos extraordinarios proveídos por el programa de privatizaciones no implican transformaciones que lleven a una mejora real y de largo plazo de las arcas fiscales, su impacto efectivo se diluye por la persistencia de desequilibrios estructurales, e incluso por los costos implícitos del propio programa de privatización.

3. No es cierto que las privatizaciones tengan un efecto positivo sobre el sector externo de la economía. En efecto, el principal efecto positivo de las privatizaciones –el ingreso de capitales- se da solamente durante el proceso de “desestatización” de las empresas públicas. Cuando éstas ya son del sector privado, ocurre otro efecto permanente de signo contrario sobre la balanza de pagos; remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas. Esto neutraliza el aporte inicial positivo de las privatizaciones sobre la balanza de pagos.

    Por lo demás, la disminución de la deuda externa originada por la venta de bonos de la misma, se ve compensada por nuevos endeudamientos, dadas las nuevas facilidades otorgadas por la banca multilateral a países que logran implantar procesos de privatización.

4. El efecto de las privatizaciones sobre los precios internos, y en especial de aquellos servicios y bienes ofrecidos por las nuevas empresas privatizadas es fuerte y negativo. En efecto, la evolución de los precios reales de los servicios públicos transferidos al sector privado origina importantes cambios en la estructura de precios relativos de la economía. Los precios de estos servicios tienden a aumentar por la tendencia a ser convergentes con las políticas de desregulación de mercados y de apertura de la economía: el grado en que los bienes y servicios son transables en el exterior pasa a explicar –en gran medida-  el comportamiento de sus respectivos precios. En la mayoría de los casos se observan ajustes de precios que superan holgadamente el ritmo de crecimiento de la mayor parte de los restantes precios de la economía, a lo que se suele agregar –en el área de los energéticos- diferencias considerables en la evolución real de los precios de los distintos servicios.
    Se tiende así a configurar una nueva estructura de precios relativos que favorece a las áreas privatizadas proveedoras de servicios, en detrimento de los sectores productores de bienes transables no protegidos. En la abrumadora mayoría de los casos en que los consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas cuentan con un poder decisivo en la fijación y actualización de las tarifas, el Estado no sólo  transfiere los respectivos activos, sino también la capacidad de influir en la estructura de precios relativos. La transferencia de un instrumento cualquiera de política económica, supone a la vez, la cesión a determinados segmentos del sector privado (que gozan de posiciones oligopólicas o monopólicas, preservadas legal o naturalmente, bajo condiciones de reserva de mercado) de buena parte del poder regulatorio sobre mercados que asumen un papel protagónico en la competitividad de la economía en su conjunto.

5. Tampoco es cierto que las privatizaciones tengan un efecto saludable sobre las inversiones de capital privado extranjero. La mayoría de las experiencias muestra que el efecto sobre la inversión agregada es moderado. Si bien hay un aumento de esa inversión en las empresas privatizadas, esto se debe más a la generalizada desinversión de las empresas públicas en los años previos a su privatización y, a las necesidades de reacondicionamiento y mantenimiento de los servicios privatizados. A corto plazo hay un impacto positivo en la inversión agregada, que sin embargo, tiene efectos multiplicadores locales reducidos por el alto componente de equipamiento adquirido en el exterior (sobre todo en las telecomunicaciones) y queda circunscrito a un reducido número de sectores de actividad. 

    En efecto, como las actividades más dinámicas  en términos de ventas y rentabilidad son las protegidas de la competencia externa y las prestadoras de los servicios recientemente privatizados, la formación de capital tiende a reproducir y consolidar esa configuración. Lo anterior significa que, se desincentiva la inversión en la mayor parte de los sectores productores de bienes, frente a las opciones que ofrecen los procesos de privatización de empresas públicas, buena parte de los servicios y –en general- las actividades asociadas a bienes y servicios no transables con el exterior.

6. Otro efecto no deseable de las privatizaciones es el de la concentración económica. Los programas de privatizaciones promueven la concentración y centralización del capital. Hay pocos oferentes en los llamados a licitación, con coordinación y lobby empresarial en torno a sus respectivas ofertas. Lo anterior lleva por un lado, a una acentuada concentración de la propiedad de las empresas y de las áreas desestatizadas en un reducido número de grandes agentes económicos. Por otro, lleva a la sobrevivencia y reforzamiento de monopolios -u oligopolios- legales, con la consiguiente consolidación de mercados protegidos, en condiciones que aseguran bajos o nulos riesgos empresariales y amplios márgenes de libertad para la fijación de tarifas.

    Las modalidades de los diversos procesos de privatización (exigencias patrimoniales, requisitos técnicos, celeridad, importancia del poder de lobby, etc.) facilitaron e incluso indujeron, el despliegue de estrategias por parte de los principales conglomerados, inscritas en una creciente polarización del poder económico.

Epílogo

De lo expuesto puede deducirse que los procesos de privatización traerán muchos más perjuicios que beneficios a la mayoría pobre del país. Agregar aún mayores penurias a esa población, enajenar la economía y deteriorar aún más las condiciones de vida, ejercerán sobre el sistema político un indudable efecto desestructurador. Ya sea, por la vía del incremento del autoritarismo que será necesario para controlar la presión, ya sea por la aún mayor deslegitimación de los partidos políticos que apoyen dicho proceso.
Creemos que el Paraguay no se merece esto.
 

Algunas de las leyes que remitirá la Secretaría de la Reforma del Estado al Parlamento

1. Ley de concesiones de obras públicas

2. Ley de reforma fiscal (que crea el Impuesto a la Renta Personal)

3. Ley de adquisiciones del sector público

4. Ley que modifica el fondo de garantía para las MPyMES

5. Ley que crea el Marco Regulador del Agua y Saneamiento

6. Ley marco postal

7. Ley de descentralización del Estado