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.ALGUNOS
ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y ORGANIZACIONES SOCIALESTras la realización de un Congreso Popular y después de varias semanas de intensas movilizaciones lideradas por el Frente Sindical y Social y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, el 30 de marzo el gobierno del presidente Luis González Machi terminó por suscribir un acuerdo en el que se comprometió a atender las demandas presentadas por dichas fuerzas sociales.
Tanto el FSS como la MCNOC vinieron trabajando en la definición de una estrategia clara y coherente para consolidar un bloque fuerte de oposición, que obligue al gobierno a cumplir los acuerdos a los que se lleguen, ya que la mayoría de las veces éstos quedan en el papel. El FSS está integrado por los trabajadores del Estado que se oponen a las privatizaciones, mientras que de la MCNOC hacen parte más de 86 organizaciones del campo de distintas regiones y departamentos del Paraguay.
Para consolidar ese polo de oposición, el FSS y la MCNOC convocaron a un Congreso Popular, que tuvo lugar el 13 y 14 del pasado mes de febrero, con la participación de diversos sectores sociales (juveniles, sindicales, campesinos, indígenas, etc.), el cual se constituyó como un órgano de consulta y resolución que garantiza el ejercicio pleno de la soberanía popular.
La
plataforma de lucha adoptada por el Parlamento Alternativo tiene tres puntos
fundamentales: la implementación de una Reforma Agraria Integral
que permita mejorar la forma de distribución de la tierra, la oposición
a las privatizaciones de los sectores estratégicos del Estado, y
la defensa de la soberanía nacional. En tal sentido, este Parlamento
decidió llevar adelante una serie de acciones (movilizaciones, marchas
campesinas y obreras, vigilias, tomas de tierras) para obligar al ejecutivo
a un cambio de rumbo en la conducción económica sobre la
base de los tres puntos básicos referidos en la plataforma de lucha.
En
este contexto, el Sindicato de Trabajadores de la Administración
Nacional de Electricidad (SITRANDE) decidió, el 22 de febrero, iniciar
una huelga indefinida por el incumplimiento del contrato colectivo y el
conflicto de intereses con la ANDE y el gobierno, y en rechazo al Proyecto
de Ley General de Reorganización y Reformas de entidades públicas,
más conocida como "La Ley del Decretazo", que faculta al régimen
la privatización de los bienes públicos a través de
decretos y la derogación de los contratos colectivos vigentes.
Descontento generalizado
Al cumplirse un año de gestión, el gobierno González Macchi se ha visto enfrentado a un descontento generalizado. Según las encuestas, apenas el 11% de la población aprueba la gestión de su gobierno. A las voces de descontento, expresadas de diversas formas, se unió también la Iglesia Católica, a través tanto de un comunicado conjunto de obispos y religiosos realizado en los primeros días de marzo como en la Carta Pastoral de los obispos en la que se hace un llamado general a la solidaridad y se urge al gobierno una revisión profunda de planes acciones y recursos del Estado para reactivar la economía y poner fin a la marginación de los pobres y los campesinos así como una lucha tenaz y perseverante contra la corrupción e impunidad. La Carta, publicada en nuestro número anterior, fue leída durante una misa solemne, presidida por varios obispos, coincidiendo con el primer aniversario de la vigilia por la democracia en la que siete jóvenes fueron asesinados frente al Congreso. "Los obispos creemos indispensable decir bien alto que esto tiene que empezar por el cambio de cada uno de nosotros y que tiene que llegar a la conversión y al cambio de toda esta sociedad que nos duele", expresó el monseñor Jorge Livieres Bank, presidente de la Conferencia Episcopal del Paraguay.Los obispos señalan que durante el último año sólo hubo frustrados intentos de recuperación social y económica por parte del gobierno, que no logró descifrar el hambre de la población. Además, advierten que "las reiteradas protestas nos hablan de un malestar que reclama urgentes soluciones" y piden respetar los derechos humanos ante la denuncia de numerosos casos de violaciones a los mismos.
Movilizaciones populares
El mes de marzo, como se esperaba, fue escenario de diversos tipos de manifestaciones populares. A la tradicional marcha campesina de mediados de marzo se añadió la denominada marcha del Poder ciudadano con el lema “si pudimos, podemos” en alusión al derrocamiento del naciente régimen autoritario de Cubas. Finalmente, el 27 de marzo tuvo lugar la denominada "Marcha contra el Hambre y el Neoliberalismo" convocada por el Congreso del Pueblo con dos propósitos centrales: apoyar la huelga indefinida, decretada por SITRANDE, el pasado 22 de febrero, y exigir la realización de una Reforma Agraria Integral que permita a los campesinos y labriegos una redistribución de la tierra más justa e igualitaria.
De hecho, la movilización se inició dos días antes con concentraciones campesinas que luego tomaron la ruta hacia la capital. En Santa Rosa de Aguaray, al norte del país, mientras se realizaba un evento cívico, la Policía Nacional reprimió violentamente a los participantes, dejando un saldo de siete heridos de bala y dos en estado crítico. Este incidente hizo que la Marcha se transforme en acciones de protesta y repudio tanto a la represión como a la política económica del régimen.El acuerdo con el gobierno
En la primera manifestación campesina, liderada por la FNC y realizada durante los días 15 y 16 de marzo, el gobierno, una vez escuchados los reclamos, despidió a los campesinos con un gran caudal de promesas que difícilmente sean cumplidas. El presidente de la República presentó a la dirigencia campesina parte de su plan de reactivación agrícola que incluye la inversión de 230 millones de dólares hasta el 2003.
Dos semanas más tarde, en el contexto de la Marcha contra el Hambre, y tras trece horas de intensas negociaciones que se prolongaron por dos días, el 30 de marzo el gobierno llegó a un acuerdo con los sindicalistas de la ANDE y los dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. Acto seguido, los campesinos abandonaron la plaza que está frente al Congreso y los trabajadores de SITRANDE levantaron la huelga de 37 días.
En esta ocasión el ejecutivo se comprometió otorgar a los campesinos asistencia técnica y crediticia por un total de 12 millones 150 mil dólares (42 mil 525 millones de guaraníes). Los líderes campesinos en días anteriores entregaron un documento en el que reclamaban 42 millones de dólares, más la compra de 170 mil hectáreas de tierra. El gobierno manifestó que el Estado no dispone de la cantidad de dinero exigida por los trabajadores rurales, y realizó una contraoferta que, finalmente, fue aceptada por los campesinos.El documento indica que la adquisición de tierras para nuevos asentamientos se realizará previo un estudio de cada caso en forma conjunta por las partes. Agrega que el ejecutivo se compromete a concretar la entrega de los títulos de propiedad, libres de toda deuda, derivados del proceso de condonación aprobado por ley en marzo del año pasado. El acuerdo también contempla el compromiso de las autoridades gubernamentales a instalar puestos de salud, centros de enseñanza, sistemas de electricidad trifásicos, sistemas de agua potable y caminos vecinales. Además, obliga al ejecutivo a facilitar ante las instituciones financieras del Estado los créditos que serán destinados a pequenos productores.
En
cuanto a los trabajadores de SITRANDE, el acuerdo ratifica varios puntos
del contrato colectivo y estipula la conformación de una mesa negociadora
para examinar el caso de los 18 electricistas residentes que fueron suspendidos
por su participación en las manifestaciones en la sede de la ANDE
en el mes de febrero.
Se
abre ahora un compás de espera entre el gobierno y las organizaciones
sociales. El documento suscrito con el Ejecutivo será revisado en
tres meses y no se descartan otras movilizaciones si los acuerdos alcanzados
no se concretan.