En
la región
El desempleo ha crecido en el continente en las dos últimas décadas, por
la implementación de las reformas o ajustes estructurales de la economía.
Particularmente, la liberalización del comercio exterior y del mercado
interno, la privatización de las empresas públicas y las reformas laborales,
sin entrar a discutir la valides o no de dichas medidas, han significado
el cierre de numerosas empresas y el despido de trabajadores. El desempleo
también ha crecido en la región, sea porque la competencia mundial empuja
a las empresas a cambios tecnológicos que les obliga al uso más intensivo
de capital (maquinarias y equipos), o, simplemente, porque la recesión
económica ha sido fuerte y prolongada, que deja como subproductos, gente
en la calle.
El desempleo -según su origen o causa: ajustes estructurales o recesión-
afecta a diferente clase de gente. En el primer caso son personas con
cierto nivel de calificación que son obligadas a abandonar sus puestos
de trabajo por las reformas; en el segundo caso, son personas con muy
bajo nivel de formación que pierden su enganche laboral en servicios diversos,
por la situación recesiva. Sea cual fuere el origen de la expulsión, peor
aun si ambos procesos coinciden, la falta de empleo genera efectos negativos,
de corto y largo plazo, sobre el bienestar de la población. Por consiguiente,
cómo generar empleo es el gran desafío de las economías regionales.
En el país
Nuestro país enfrenta el mismo desafío que la región aunque las razones
del desempleo son más peculiares. En la Encuesta Integral de Hogares (EIH)
de 1997/98 señala que de una población económicamente activa (PEA): 2.272.323,
5,4% (121.718) es desocupada; de la población ocupada (2.150.605), 20,3%
(434.788) es subocupada -- algunos visibles: 5,7% (147.219) porque no
trabajan las jornadas completas en la semana (menos de 30 horas); y otros
invisibles: 13,4% (287.569) porque trabajan jornadas completas pero perciben
un ingreso menor que el salario mínimo legal--. En la EIH de 1999, para
una PEA de 2.356.858, aumentó el desempleo abierto a 6,8% (160.927) y
cae ligeramente la población subocupada: 17,6% (414.397). De la población
ocupada de 2.195.931, se tiene una población subocupada visible de 6,5%
(143.309) y una población subocupada invisible de 12, 3% (271.088).
En general estas estadísticas revelan que alrededor de 25 de cada 100
personas en edad laboral, tienen problemas de trabajo: porque no trabajan
(desempleado), o trabajan a medias (subocupación invisible) o cobran a
medias (subocupación invisible). Pero quizás el fenómeno más interesante
sea la categoría del desempleo oculto- "personas que no estaban trabajando
en los últimos 7 días y que aceptarían trabajo si se le ofrecieran pero
que no buscan porque se cansaron de buscar, o no saben dónde buscar, o
no creen poder encontrar", según, definición de la EIH--. Los dos últimos
años-EIH 97/88 y EIH 99-, los desocupados ocultos, crecieron, en términos
absolutos de 237.813 a 254.513; o sea, el 10,5 % de la población está
en la categoría de desocupado-desmotivado. En síntesis, entre desocupación
abierta, la subocupación y la desocupación oculta, suman 35% ¿Por qué
se ha deteriorado tanto la situación del empleo en el país?
Algunas de sus causas
Nuestro país comparte la expansión del desempleo con los demás países
de la región pero por causas distintas. El Paraguay tiene la economía
mas abierta de la región, tan abierta que es el país líder del contrabando;
o sea, el problema no ha sido el resultado de la liberalización del comercio.
Tampoco ha adoptado medidas de reformas que significaran reducción de
cargos públicos; por el contrario, en la transición creció el empleo público.
Sí comparte con el resto de las economías, una severa recesión en los
tres últimos años, pero el caso particular de Paraguay lleva ya un estancamiento
económico (tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita cero)
de alrededor de 20 años.
Esta crisis estructural tiene varias aristas. La gente en edad de trabajo
encontraba empleo en la actividad agrícola como cuenta propista (microempresario
rural) en las fincas de sus padres; en tierras de colonización, accediendo
a una parcela de tierra; o, changas en su comunidad, en fincas familiares
relativamente solventes, dedicadas al cultivo de algodón o caña de azúcar.
La caída de la producción intensiva en mano de obra como el algodón y
la caña de azúcar, el proceso de fragmentación minifundiaria y el cierre
de las fronteras agrícolas de colonización, han golpeado a la fuerza laboral
más numerosa y con menor nivel de formación (bajo costo de oportunidad),
que constituye el sector rural. Al mismo tiempo la migración a la Argentina
en busca de trabajo desde el campo, ha dejado de ser una opción como en
el pasado, por la recesión y fuerte desempleo actual del vecino país.
Desde el auge y caída del empleo público con Itaipú y Yacyerta, el gobierno
no ha podido revertir la situación aun con la creación de alrededor de
40.000 cargos en la transición a la democracia. El comercio ilegal, que
más allá de las consideraciones éticas, que ocupa una parte de la fuerza
laboral, igualmente, ha sido fuertemente golpeado por el mayor control
que ejercen otros países sobre este tipo de transacciones. La multiplicación
de ventas de artículos de toda laya en las bocacalles del Area Metropolitana,
es una de las expresiones del deterioro de este sector. La crisis bancaria
1995-98, la caída de ventas de las pequeñas y medianas empresas nacionales
que viven de la demanda interna, cierre de empresas de este sector, asimismo,
han dejado a mucha gente sin trabajo. Por último este país, cuya tradición,
por un lado, ha consistido en acumular a través de la apropiación de la
renta de la tierra o la renta obtenida mediante el control del estado
y, por otro, acceder al trabajo sin mayor formación de la fuerza laboral
y sin ocuparse mucho de la información, hoy enfrenta el gran desafío de
buscar pistas para la generación de empleo, para aquellos que hoy están
con problemas de trabajo y a la fuerza laboral que ingresa anualmente.
Algunas pautas para la generación del empleo
En los tres últimos años, el crecimiento de la economía ha sido negativo,
en parte por factores no controlables, externos, pero principalmente,
por el deterioro interno de las instituciones. La corrupción, la impunidad,
la falta de credibilidad de la administración pública, la inseguridad
y la inestabilidad política y social, han restado fuerzas para la recuperación
económica a corto plazo. Una primera condición es vencer esta restricción
institucional para retomar el crecimiento. Esta iniciativa es a nivel
macro y requiere de consensos básicos y compromisos firmes del sector
político.
Una segunda tarea debería apuntar a reactivar las fincas agrícolas, las
micros, pequeñas y medianas empresas, a través de un conjunto de medidas
coordinadas en forma interinstitucional, para facilitar accesos a los
medios de producción (tierra y créditos), articular las iniciativas para
lograr mercados, y transferir nuevas tecnologías (capacitación). Esta
tarea debe hacer el gobierno con el sector privado. El país ha desperdiciado
oportunidades y recursos reembolsables que los contribuyentes deben pagar,
por la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan. Corresponde a la sociedad
civil empezar a reclamar el derecho a la participación y control de los
recursos para que efectivamente se pueda encarar un programa nacional
de empleo.
Una tercera acción debería ser conducida por las comunidades, a nivel
de municipios, barrios y comisiones, para alentar iniciativas productivas
para generar empleo, diseñar modelos de capacitación rápida de la fuerza
laboral juvenil y crear banco de datos para lograr facilitar información
sobre puestos de trabajo y mano de obra disponible.
Una cuarta tarea debería apuntar a la educación formal y educación contínua
que sirvieran para preparar a la gente para el trabajo, capacitándola
en operaciones y destrezas básicas. En un país de grandes desigualdades,
los gastos sociales deberían ser focalizados a dar mayor igualdad de oportunidades.
El desafío es grande. Nadie debería sacar el hombro a esta responsabilidad
de manera a responder a un derecho básico del ciudadano: el derecho al
trabajo.
En general estas estadísticas revelan que alrededor de 25 de cada 100
personas en edad laboral, tienen problemas de trabajo: porque no trabajan
(desempleado), o trabajan a medias (subocupación invisible) o cobran a
medias (subocupación invisible)
Corresponde a la sociedad civil empezar a reclamar el derecho a la participación
y control de los recursos para que efectivamente se pueda encarar un programa
nacional de empleo
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