EL GRAN NEGOCIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRIVADA
Víctor
Báez Mosqueira
La Seguridad
Social es un Derecho Humano, según el artículo 22 de la
Declaración Universal (ONU) y el artículo XVI de la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre (OEA), pero en la Organización
Mundial de Comercio (OMC) ya declararon a la salud y a las jubilaciones
y pensiones como "servicio". No caben dudas de que también
harán lo mismo en el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) que está siendo negociado actualmente. Estos Derechos Humanos,
que son parte del concepto global de seguridad social, están en
riesgo, porque ya se ha abierto el camino a la privatización de
la seguridad social, al menos en sus rubros más rentables como
los arriba citados.
Lo que siempre se obvia mencionar es que, mientras los Derechos Humanos
tienen un carácter universal y cada ciudadano o ciudadana tiene
el derecho inalienable a su goce y ejercicio, a los "servicios"
solamente pueden acceder las personas que pueden pagarlos. Las grandes
beneficiadas con el cambio de concepto son las grandes empresas que se
dedican a la atención médica y a las jubilaciones y pensiones.
Como ejemplo de cuanto afirmamos, el propio New York Times , publicado
en La Meca del capitalismo mundial, afirma que las empresas administradoras
de salud se abren camino en América del Sur, donde se gastan 120
mil millones de dólares por año en atención médica.
Es un mercado donde cualquier gran empresa puede ganar mucho dinero y
ése es el motivo por el cual se presiona a los gobiernos a privatizar
este rubro.
Aetna International, una gran empresa norteamericana dedicada a la atención
médica, ya estableció planes de salud para 3,3 millones
de usuarios en América Latina, mientras que la otra grande, Cigna
International, ya lo hizo para 1,5 millones de asociados en cinco países.
Incluidos y excluidos del sistema privado
Estas empresas compiten
para seleccionar los "mejores riesgos", práctica que
el New York Times define como la selección "de personas por
lo general jóvenes y sanas y eluden a quienes podrían necesitar
tratamientos costosos". Operan en áreas urbanas, con la "crema
de la crema", como "empleados de bancos, compañías
de alta tecnología y de multinacionales importantes. No operan
en zonas rurales, donde los servicios de salud suelen ser escasos".
Agregamos que tampoco asegurarán a la gente de los barrios marginales,
pues es demasiado riesgo.
Esta es una demostración palpable del negocio redondo que hacen.
Admiten a quienes ofrecen menos riesgo y a quienes tienen más dinero.
Las personas de edad avanzada, los pobres y quienes tengan una enfermedad
crónica seria quedarán a cargo del Estado y seguirán
abarrotando los hospitales como el de Clínicas, en nuestro país.
Claro que los Estados estarán cada vez con menos recursos para
atenderlos, pues las contribuciones de quienes más tienen estarán
en manos de las aseguradoras privadas.
El sistema privado de salud de Chile, atendido por las conocidas ISAPRES
y creado en tiempos de Pinochet, cubre apenas a un 5 por ciento de las
personas mayores de 60 años y cobra más a la mujer en edad
fértil, porque los partos le cuestan mucho dinero a la empresa
privada de seguro médico.
Monopolios y millonarias ganancias
"El año
pasado, Aetna y Cigna ganaron 800 millones (de dólares) o más
en sus negocios latinoamericanos de salud" sigue diciendo el periódico
neoyorquino, mientras agrega que el American International Group hace
crecer sus ganancias en un promedio de 20 por ciento cada año.
El rubro de las jubilaciones y pensiones ofrece también grandes
oportunidades de lucro para las empresas. Hasta el 31 de diciembre de
1997 había, en América Latina, 28 millones de personas que
ya habían aportado a las administradoras privadas de fondos de
pensión un total de 43.624 millones de dólares, lo cual
dejó a estas empresas 8 mil millones de dólares en concepto
de comisiones y seguros.
No es por casualidad que varios de los principales bancos del mundo, como
el Citibank, Santander, Chemical, Dredsner, Credit Suisse, Chase Manhattan,
Boston y otros manejen en forma concentrada el negocio de las jubilaciones
y pensiones. Tampoco es gratuito el hecho de que vayan monopolizando cada
vez más el negocio. Las tres mayores empresas del ramo controlan
el ciento por ciento del mercado en Bolivia, el setenta y tres por ciento
en Perú, el setenta y dos por ciento en Uruguay, el sesenta y nueve
por ciento en Chile, el cincuenta y ocho por ciento en Colombia y el setenta
y ocho por ciento en Argentina.
El seguro privado es más costoso y también poco transparente
En el rubro de las
jubilaciones y pensiones, las Administradoras de Fondos de Pensión
(AFPs), que son las empresas que reciben los aportes jubilatorios de la
gente y los invierte, nunca pierden dinero. Se calcula que el costo promedio
mundial del manejo de los fondos de jubilaciones en un régimen
similar al que tenemos es de entre el cinco y el diez por ciento. Entretanto,
las AFPs ya cobran, de entrada, un veinte por ciento. Si la operación
que hacen con el dinero del/la trabajador/a, resulta en pérdida,
ésta es descontada nuevamente de los haberes del asegurado. Así,
en 1998, en la Argentina, de cada 1.000 pesos que aportó un trabajador
durante el citado año a una Administradora de Fondos de Pensión,
le quedaron solamente 640 pesos. Así, el costo para el asegurado
llega a un treinta y seis por ciento, mientras en Chile se llegaron a
costos de hasta el cuarenta y siete por ciento.
Pero a nosotros nos siguen mintiendo, o nos ocultan la verdad, que es
lo mismo. La promoción de las empresas privadas de seguridad social
se basa en la propaganda comercial y, por lógica, ésta habla
solamente de las supuestas ventajas y omite deliberadamente las falencias,
costos reales y desventajas para la gente.
Nos dicen, por otro lado, que en el sistema privado hay "libre competencia",
cuando lo que existe es un terrible oligopolio que tiene un poder increíble
y que hace lo que quiere con los/as asegurados/as. Otro de los ejemplos
que demuestra que la libre competencia es puro cuento es el hecho de que,
en los países donde una persona pasa del sistema público
al privado, ya no puede volver al público en caso de haberse desilusionado,
porque existen restricciones.
Cómo quieren acabar con el IPS
Las verdaderas razones
para que grupos de dentro y fuera del gobierno paraguayo quieran acabar
con el IPS y con el sistema solidario y de reparto de la seguridad social
son, desde mi punto de vista, económicas. La posibilidad que ven
de enormes ganancias para sus privados bolsillos les hizo optar por la
estrategia de cansar a la gente, no resolviendo los casos de corrupción
e ineficiencia, diezmando los recursos financieros del ente, desahuciándolo,
para que la misma gente, al final, opte por cualquier otra alternativa.
Por eso decimos que, mientras la gente bombardea al IPS desde afuera,
hastiada de tantos casos que nunca son resueltos, hay una elite que la
está dinamitando desde adentro.
En realidad, el gobierno de Wasmosy ya había presentado al Banco
Interamericano de Desarrollo, sin que la gente se enterara, un proyecto
de privatización de la seguridad social. En una entrevista personal
que tuvimos con representantes del citado Banco, en julio de 1999, nos
confesaron que estaban sin saber qué hacer, pues con los sucesivos
cambios, el gobierno paraguayo no estaba dando instrucciones precisas
al respecto. Pero el conocido plan de co-gobierno , que desde ese mismo
año circula en nuestro ambiente, demuestra la intención
de los tres principales partidos políticos de ir en la dirección
privatista, como parte de su proyecto de reforma del Estado.
En este momento, todo indica que ese plan va a ser ejecutado. Pero con
la privatización de la seguridad social, el remedio será
peor que la enfermedad. El modelo chileno, que ya tiene más de
20 años, puede ser evaluado. La gente no está muy contenta
con el mismo. En una encuesta realizada por la Universidad de Chile, sobre
la popularidad del modelo privado, solamente el 10 por ciento de las personas
encuestadas lo acepta y 50 por ciento quiere volver al antiguo modelo.
Concluyendo
Ana María Lagares, consultora de la OIT en temas de seguridad social ha llegado a preguntarse si las reformas producidas ( privatizaciones) "en la seguridad social eran irremediables o si, por el contrario, responden al deseo de agentes económicos, bancos y grupos empresariales, de gestionar volúmenes tan importantes de recursos como los que proporcionan las cotizaciones que se realizan a cuenta de los salarios percibidos por los trabajadores". La respuesta es obvia. Por su parte, Ernesto Murro, uruguayo, experto en seguridad social que incluso dio charlas a miembros del Parlamento paraguayo sobre el tema, sostiene que, en el debate sobre la seguridad social, perjudica tanto la opinión de quien quiere cambiar todo como la de quien no quiere cambiar nada. El sistema que tenemos actualmente puede ser perfeccionado. Según Murro, "hay que ir tocándolo progresivamente para ir transformándolo". Con los cambios hay que buscar el bienestar y la seguridad de la gente, no el lucro de las empresas. Se debe recuperar el significado original de la seguridad social como herramienta de justicia social y no como medio para favorecer a la gran empresa y para crear un mercado de capitales.
Lo que siempre se obvia mencionar es que, mientras los Derechos Humanos
tienen un carácter universal y cada ciudadano o ciudadana tiene
el derecho inalienable a su goce y ejercicio, a los "servicios"
solamente pueden acceder las personas que pueden pagarlos.
La posibilidad que ven de enormes ganancias para sus privados bolsillos
les hizo optar por la estrategia de cansar a la gente, no resolviendo
los casos de corrupción e ineficiencia, diezmando los recursos
financieros del ente, desahuciándolo, para que la misma gente,
al final, opte por cualquier otra alternativa.